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PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO
REDUCCIÓN EDAD PUNIBLE EN HONDURAS.
Frente a la tendencia actual de de un Grupo de Abogados Miembros de la Asociación de Jueces y Magistrados, Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial y la Asociación de Jueces por la Democracia, convocados por el Ministerio de Seguridad, Proponen disminuir la edad punible a las personas menores de 18 años, como solución a la espiral ascendente de violencia e inseguridad ciudadana que priva en el país, Casa Alianza Honduras y la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro Los Niños, Niñas, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos, COIPRODEN, manifiesta lo siguiente:
- Que los jóvenes que infringen la Ley, sí son responsables en material penal y por lo tanto pueden y deben ser sancionados de acuerdo al Sistema Especial de Justicia Penal Juvenil vigente.
- Que la reducción de la edad punible a los 16 años de edad es una violación a la Constitución de la República, Código de la niñez y la Adolescencia y Tratados Internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos de los Niños, que redundaría en el deterioro de la imagen de Honduras en el ámbito internacional.
- Que la conducta inadecuada y violenta de un grupo minoritario de jóvenes es estigmatizadora para una mayoría de adolescentes que no tiene conflictos con la Ley, quienes serian afectados por una legislación punitiva y no reeducativa.
- Que los medios de comunicación perpetúan en la sociedad falsas percepciones acerca de la implicación de menores de 18 años en actos vandálicos, sobredimensionando la cuota de participación de jóvenes y adolescentes en la inseguridad ciudadana.
- Que se pretende ofrecer respuestas a un problema multifactorial afrontando solo una causa, lo que reduce los aportes a paliativos y no a la aspiración de soluciones perdurables.
POR LO TANTO PROPONE:
- Con la participación de la sociedad civil, los tres poderes del Estado y el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia, IHNFA, deben fortalecer el Sistema Penal Juvenil, para que los adolescentes continúen sometiéndose a juicios y a medidas socio-educativas de acuerdo al Código de la Niñez y la Adolescencia, mediante el mejoramiento de la infraestructura existente para lograr la reeducación y rehabilitación de los menores.
- Las fuerzas vivas de la sociedad no deben permitir el retroceso que implicaría la reducción de la edad punible, en los avances en materia de derechos humanos alcanzados en los últimos 10 años, pues la aspiración es alcanzar mayor respeto a estas prerrogativas.
- Recordar al Poder Legislativo que emite leyes para la colectividad, no para grupos aislados, en este caso para 3 millones de personas menores de 18 años y no para aproximadamente 5 mil adolescentes en conflictos con la Ley.
- Instar a todas las organizaciones no gubernamentales y del Estado relacionadas con el tema, que brinden información actualizada a los medios de comunicación para que la apreciación del público acerca de la vinculación de los adolescentes con la inseguridad ciudadana y violencia sea apegada a la realidad.
- Para brindar soluciones a largo plazo, resulta imprudente soslayar las causas estructurales de la violencia e inseguridad ciudadana, como el contexto de pobreza extrema que niega el acceso a la salud, educación y vivienda a más del 80 por ciento de la población, y se enfatiza los efectos como el aumento de la delincuencia y la participación de menores en actos reñidos con la Ley.
- Consideramos conveniente que el tema se aborde sin prejuicios, conscientes que es una problemática concerniente a todas y todos los hondureños, y que solo a través de una actitud más responsable en la formación de la juventud se lograran soluciones perdurables.
Tegucigalpa, MDC, Miércoles 10 de Marzo 2010
